La grave injusticia del divorcio (un pequeño apunte jurídico-legal)

Caigo en la cuenta, por Diario Ya, de que el próximo 7 de julio se cumplirá el trigésimo aniversario de la legalización del ataque al matrimonio. En lenguaje llano: se aprobó el divorcio. Y desde entonces, treinta años han bastado para que el edificio majestuoso sostenido por los férreos pilares de cemento que es la familia edificada sobre el matrimonio (me ahorro lo de "indisoluble entre hombre y mujer" porque va de suyo) se encuentre en ruinas.

Y es que el divorcio es lo más parecido a un terrorismo moral contra la familia. No digo huracán porque éstos no son provocados por mano humana; digo terrorismo porque no deja piedra sobre piedra y esparce heridos. El divorcio es una caja de pandora de las más abyectas miserias humanas porque ataca lo más sensible del alma humana, que es su horizonte vital, su corazón, las esperanzas humanas en proyecto. Y deja como terrible sabor amargo el fracaso personal, un revés, una falsa liberación que empuja al abismo. Lo cierto es que la mera posibilidad del divorcio ataca la esencia del matrimonio y en esto, una vez más, el sistema (anti)jurídico existente en España es una mentira tras otra. Ya nadie cae en la cuenta de esta verdad: en España el matrimonio canónico está prohibido. Sin abundar en detalles, los artículos 59 y 60 del Código civil son una de las mayores trampas del sistema: es una grave contradicción admitir que "el matrimonio celebrado según las normas de Derecho canónico... produce efectos civiles" (art. 60 CC) cuando luego se dice que "el matrimonio se disuelve, sea cual fuera la forma y tiempo de su celebración,... por el divorcio" (art. 85 CC). El matrimonio indisoluble está prohibido en España, y que no nos cuenten monsergas.

Para que hubiera una verdadera coexistencia y libertad de opción de regímenes jurídicos en esta materia es obvia la necesidad de que el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico debe permitir la coherencia de la figura jurídica a la que se le reconocen dichos efectos. No sería justo ni coherente atribuir a la infracción de una cláusula contractual en el ámbito civil las consecuencias que para un tipo penal se prevén. El reconocimiento del derecho canónico por el derecho civil impone por coherencia y justicia la aceptación de la indisolubilidad del matrimonio. Quien opte, por tanto, por dicha figura jurídica debería saber que su matrimonio no puede disolverse salvo por fallecimiento, y la legislación civil considerar causa de nulidad de una eventual y posterior unión civil la existencia de tal vínculo anterior. Al no ser así, en España sólo existe el matrimonio civil, con su regulación y efectos propios, si bien aceptando la pantomima de que el consentimiento se otorgue bajo una forma religiosa.  

Dejo para otro día consideraciones sobre las consecuencias que esto traería (descenso de matrimonios canónicos por un lado, pero aumento de la consciencia y madurez de quienes decidiesen "casarse por la Iglesia", etc.), el efecto disuasorio de la resolución de conflictos conyugales que supone el divorcio, las implicaciones antropológicas de la existencia del matrimonio indisoluble (que lo es por derecho natural), la inmadurez de los contrayentes o la auténtica y triste "caja de pandora" para una familia que es divorcio de los padres. 

Pd.: como Adenda a esta entrada, recordar que el divorcio fue introducido por la UCD y que esta misma semana, otra senadora "centrista" (de extremo centro, debería decir), con los votos favorables del moderadísimo PP, profundizando en la legislación divorcista en España ha conseguido la exención del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (Impuesto sobre TP-AJD) a la separación de bienes en caso de divorcio. Digamos, para que no quede ningún cabo suelto.